Resolución por una nueva cultura de la propiedad intelectual y por la
libre distribución de la cultura.
Vivimos en una época en la que los avances de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la
cultura. En algunos aspectos también han democratizado el acceso a los medios de
producción, provocando que en muchas profesiones (especialmente en los mundos
editorial, audiovisual y musical) el trabajador, creador o artista tenga a su disposición
medios a los que antes sólo tenían acceso grandes empresarios.
Por otra parte, este avance ha hecho que entre en crisis irreversible el modelo de
industria clásico en muchos campos. Estos se basaban en la necesidad de un soporte
físico para transmitir obras e ideas, así como la necesidad de crear una red de
distribución para que llegaran al consumidor/ciudadano. Fue bonito mientras duró. Se
ha acabado. Internet ha convertido este modelo en obsoleto. Básicamente, se ha
eliminado a los intermediarios (editores y distribuidores) y se está facilitando el
contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra.
En el Estado español nuestra actual ley de la propiedad intelectual queda desubicada y
obsoleta por dos razones fundamentales:
La actual ley reconoce cuáles son los derechos de los autores y deja en manos de
entidades privadas la recaudación de los mismos. En la práctica hay un oligopolio de
facto en el que sólo unas pocas empresas tienen capacidad para recaudar eficientemente
estos derechos (SGAE en el caso de la música, CEDRO en el caso del mundo
editorial...) Esta situación privilegiada hace que sean ellas las que deciden las reglas del
juego, haciendo pasar por el aro tanto a creadores como a consumidores. No hay
funcionamiento democrático ni transparente en estas empresas y su naturaleza privada
les obliga a tener como objetivo principal el buscar el máximo beneficio económico, por
encima del interés y la voluntad de unos autores la mayoría de los cuales ni siquiera
llega a ver el dinero de los derechos que se han recaudado en su nombre.
Los derechos de autores que marca la ley tienen la naturaleza de irrenunciables. Hoy en
día muchos autores abogan por la libre distribución de sus obras gracias a Internet y a
las TIC, puesto que consideran que son la mejor forma de que su obra y sus ideas
lleguen a su público.
Se han construido movimientos sociales como el Software Libre y alternativas legales
como las licencias Creative Commons que buscan la colaboración comunitaria y la libre
circulación de obras e ideas como forma de que ganen autores y consumidores. Los
únicos que no ganan en esta situación son los obsoletos intermediarios. Pero la
irrenunciabilidad de los derechos provoca que sean las entidades de gestión de derechos
las que tomen decisiones sobre la obra de un autor: los organizadores de conciertos
benéficos ven como la SGAE les exige el pago de los derechos de autor del músico que
vaya a actuar, aunque lo haga de manera gratuita y explícitamente renuncie al cobro de
dichos derechos. Los gestores de centros culturales ven como la misma entidad pretende
cobrar a las instituciones por actuaciones de artistas que no son socios suyos y son
activistas de Creative Commons y otras licencias de distribución libres.
Se utiliza al creador como ‘escudo humano’ de los intereses de estas empresas que han
quedado obsoletas. El interés del autor siempre fue y es el de llegar a su público, no el
de ser parte de una industria y una red de distribución (en su tiempo, esto último era un
medio para conseguir el fin, pero nunca el fin en si mismo). Lo cierto es que estamos
asistiendo al equivalente moderno de la rebelión de los industriales de las barras de
hielo cuando llegaron las neveras eléctricas, con el matiz de que ahora la industria que
se sabe obsoleta es poderosa e influyente y utiliza su poder e influencia para manipular
mediáticamente e intentar crear una opinión pública y política a favor de sus intereses.
Por todo ello, el Área de Juventud de IU propone:
Impulsar la derogación de la actual ley de propiedad intelectual y elaboración, de
manera participativa, de una nueva ley que:
- Derogue el modelo de recaudación de derechos mediante entidades
de gestión privadas. Creación de una entidad pública de gestión, con
presencia en todo el Estado, cuyo objetivo sea el de dar el servicio
adecuado y no el lucro.
- Reconozca las alternativas al ‘copyright’, como las licencias
Creative Commons, y deje en manos del autor la cantidad de derechos
sobre los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad del autor
de renunciar a estos derechos si lo desea.
Garantizar la libertad y la neutralidad de la red frente a los intentos de la ministra
González Sinde y del lobby de la SGAE y similares por coartarlas.
Apoyo total al movimiento del Software Libre (open source). Establecer como obligatorio el uso de sofware libre en todos los ordenadores y medios informáticos oficiales en todas las instituciones del Estado. La mayoría, además, es gratis. Urge la presencia obligada de software libre en todos los ordenadores y medios de uso escolar: no queremos que se eduque a los escolares para ser clientes de Microsoft o Apple, ni nos parece de recibo que se sigan pagando costosas licencias con dinero
público cuando tenemos alternativas gratuitas y mejores al alcance. Impulsar una oposición total del Estado español, en la UE, a los intentos por impulsar patentes de software cerradas que favorecen el mantenimiento de los monopolios e impiden
el compartir los beneficios de la investigación.
